Nada más producirse el errado intento de desalojo de un piso del Raval por parte de la empresa especializada Desokupa, un representante del distrito de Ciutat Vella se refirió al episodio como , "métodos impropios" y como un procedimiento "irregular". Pero el Municipio de Barna insiste ahora en que está "estudiando la legalidad" de la actividad de esta empresa que supuestamente intermedia al margen de la vía judicial para recuperar domicilios ocupados sin contrato o por los que no se paga alquiler. Ni tan siquiera los abogados consultados por este diario coinciden en el diagnóstico, en tanto que la percepción de la intimidación o coacción es tan sutil para bordear la ley.
El ayuntamiento dirigido por la alcaldesa Ada Colau, con pasado activista contra los desahucios, afirma estar analizando los procedimientos de Desokupa para establecer si están en la legalidad. Mas, según fuentes municipales, en el caso de tratarse de una práctica incorrecta no sería el consistorio quien debería intervenir sino la Inspecció Territorial de Treball de la Generalitat, al corresponder al campo de la empresa. Por el momento, a los Mossos no les constan denuncias de inquilinos que hayan podido ser coaccionados. La pelota parece estar en el tejado de nadie, pese a la alarma social.
Los abogados del ICAB consultados, aunque cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es preciso agilizar la vía judicial pues el dueño está actualmente bastante desprotegido por la ley. La situación suele ser "irritante para el dueño", sostiene la penalista Mireia Balaguer, ya que el proceso civil por un desahucio puede ser lentísimo, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además de esto, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es contundente si un dueño se toma la justicia por su mano: uno no puede mudar la cerradura ni recuperar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta agrega que si la solución fuera más diligente, no llegarían a penetrar estos desalojos paralelos, "pero si se tarda 1,5 años en llegar a recuperar un piso" hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales a lo largo de un tiempo, y tras perder la residencia volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin abonar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.
En este barrio fue donde , en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy diferente al que Desokupa hizo en Gràcia en el mes de abril, donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.
Para Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), la actividad de la compañía en los términos de intermediadora en que se publicita en la red de redes, abogando por acuerdos y sin procesos legales, aparenta ser adecuada. oficina de abogados de inmigracion La ley es clara al contemplar solo el pacto amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin permiso o bien con coartes habría de ser puesto en conocimiento de la policía o la fiscalía al "perturbar la posesión" del domicilio. "Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo" para que el juez establezca si es o no ilegal.
Con amenazas o entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la robustez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rasurado, los tatuajes en algunos casos o bien su presencia en conjuntos de 4 o bien 5 para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, considera que la estética sí es relevante, y que no es lo mismo recibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el citado aspecto, capaz de provocar miedo al ocupante. abogados tramites extranjeria Meridianamente sería "coacción" situar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los inconvenientes de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coartes, insiste. De ahí que, los vecinos de la finca solicitaron a los mossos en el mes de agosto que identificara al conjunto de Desokupa.
La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace años, si bien sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el miedo podría ser irracional y que basta con "generar la sensación" a fin de que se produzca la coacción, según su actitud. Otra penalista experta en estos casos acepta la complicad de valorar la actividad: "Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita para un delito" (especialmente en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), pero no sé si ganaría un pleito", reflexiona, ante las aristas del caso.
No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no suele suceder porque quien vive ilegalmente en una residencia (muchas veces colectivos vulnerables) no acostumbra a recurrir a la policía, salvo que medie alguna entidad, como en el Raval.
Desde la política, hasta ahora solo ha movido ficha un diputado del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus "vínculos con la extrema derecha".
1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. Ocho hombres de la compañía Desokupa se presentaron en Cánido Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido una parte del inmueble para imposibilitar su empleo. Los Mossos conocieron entonces su existencia, aseveran.
2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo rápido, algunos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo weblog se anima a denunciar a los perjudicados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo afirma ignorar que existan decenas y decenas de casos como los que afirma haber llevado a cabo la compañía.
3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Aconseja a los propietarios que padezcan una okupación o bien un proceso de impago que asistan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofreciendo también mediación y consultoría a quienes están del otro lado, al filo del desahucio. Solicitan que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.
4- CiU ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de Convergència i Unió en el consistorio, solicita que se denuncie cualquier coacción o intimidación sea de empresas o bien particulares. Abre una reflexión a que ciertos confíen más en una empresa que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. abogadas de inmigración Y si Colau ha hecho que aumente "la sensación de impunidad de los okupas".
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